Parece ser que varios ayuntamientos ponen a disposición del Ministerio de Vivienda terrenos para la construcción de 225.000 nuevas viviendas de protección oficial. Según datos recientes, alrededor de 700.000 familias demandan actualmente este tipo de viviendas en nuestro país.
Si se decidieran por utilizar esos terrenos para lo que son, teóricamente desencadenaríamos una serie de procesos interesantes.
Para construir esos pisos son necesarios trabajadores, que dejan las filas del paro. Al entrar en el mercado de trabajo disponen de líquido para gastar activando parte de la economía; vuelve a moverse el mercado inmoviliario y probablemente haría que se moviera de nuevo el mercado hipotecario, haciendo crecer la confianza y volviendo a mover el dinero, a ver si de esta forma se conseguía que volviera a bajar el Euribor. Al bajar las hipotecas, dispondríamos de más dinero para gastar en cosas que hoy tenemos aparcadas para mejores tiempos y como decía en mi anterior artículo podríamos cambiar de coche quizas, cambiar el sofá, tomarnos algunas cañas más e incluso pintar la casa.
Evidentemente lo importante también es que el precio de los pisos, amen de ser de protección adecuaran los precios a la ley y tuvieran el precio que deben tener ni más ni menos.
