Resulta que el Palacio de Justicia de Navalcarnero tiene paradas las obras por orden del juzgado desde el mes de agosto de 2007 porque la empresa a la que se adjudicó dichas obras está desde el mes de julio de 2007 en proceso de quiebra y suspensión de pagos. El dueño de la constructora, Alejandro Navarro, se enc0ntraba desde marzo de 2006 detenido por presunta corrupción y pago de comisiones en Telde (Gran Canaria) y en Julio de 2006 volvió a ser detenido por un caso similar en San Bartolomé de Tirajana, también en Gran Canaria. En el mes de junio de eso mismo años se adjudican las obras a la empresa de este «presunto chorizo», Mazotti S.A. , por parte de la Comunidad de Madrid.
Lo que no entiendo es la que se organiza por todo esto, si es la cosa más normal del mundo. Estamos habituados a que se adjudiquen obras por parte de esta Comunidad, gobernada por esta señora del PP con grandes aspiraciones, a empresas de su ámbito ideológico y amigos, y principalmente presuntos chorizos. Hay tenemos como ejemplo las parcelas escolares que cede a los famosos Legionarios de Cristo, organización que ha recibido desde el año 2000 más de cuatro millones de euros en subvenciones concedidas por administraciones del PP, y que se quedó sin cabeza visible cuando el actual Papa pidió a su fundados, el mexicano Marcial Maciel, investigado por abusos sexuales a seminaristas, que renuncie «a todo ministerio público» de su actividad sacerdotal y lleve «una vida discreta de oración y penitencia».
Y como estos algunos más en toda la geografía española. Total, algo de lo más normal.